En una rueda de prensa marcada por la exposición de documentos y testimonios jurídicos, el empresario y ex preso político Kamel Salame presentó ante la opinión pública «la verdad» sobre el proceso judicial y político que lo mantuvo privado de libertad durante más de una década. Acompañado por su equipo legal, especialistas en derechos humanos y representantes del sector empresarial, Salame detalló el calvario vivido desde su victoria electoral no reconocida en 2008 hasta su actual lucha por recuperar el patrimonio familiar que aún permanece confiscado de manera irregular.
El caso, que suma un total de 3.657 días de prisión y 120 meses sin juicio, comenzó tras la contienda por la alcaldía de San Felipe, donde Salame participó como candidato independiente. Según denunció, tras liderar las encuestas y resultados a boca de urna, su posición fue alterada arbitrariamente, dando inicio a una persecución que incluyó la «siembra» de expedientes por delitos de narcotráfico, acusaciones que años más tarde la propia Fiscalía General admitiría como un «error humano».
«Me tocó una lucha de diez años secuestrado sin juicio, separado de mi familia y viendo cómo echaban a mis hijas a la calle sin orden judicial», declaró Salame, quien enfatizó que durante su reclusión pasó por cinco centros penitenciarios y enfrentó 127 audiencias diferidas. El empresario destacó que su libertad plena, obtenida en diciembre de 2021, es un hecho inédito para un preso político en el país, lo que a su juicio ratifica su inocencia y solvencia moral frente a las campañas de desprestigio ejecutadas en su contra.
Pese a tener una boleta de libertad absoluta y una orden judicial de devolución de bienes, Salame denunció que instituciones como el Servicio de Bienes Recuperados y el SAREN mantienen bloqueadas sus propiedades. Entre los activos pendientes de entrega mencionó el edificio de la avenida Veroes en San Felipe, propiedades en el sector La Cuchilla y vehículos que han desaparecido de los inventarios oficiales. Ante esta situación, hizo un llamado directo a las autoridades nacionales y a organismos internacionales para que se garantice el cumplimiento de la sentencia y el cese de la violación de sus derechos civiles.
Finalmente, al ser consultado sobre sus aspiraciones políticas futuras, Salame aclaró que su prioridad actual es la justicia y la recuperación de su integridad empresarial, aunque no cerró la puerta a una candidatura si así lo solicita la ciudadanía. «Esta fortaleza personal me hace sentir otra vez aquello que comencé hace 17 años, pero por ahora mi objetivo es que la gente sepa la verdad y que se haga justicia», concluyó.
